Expediente Legislativo 23.414 · Costa Rica
El Frente Amplio y los sindicatos del ICE alertan que la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional entregaría el control de la energía a manos privadas, amenazando con tarifazos, apagones, daño ambiental y la pérdida de un patrimonio público construido durante décadas.
La iniciativa busca modernizar la regulación de la generación, comercialización, transmisión y distribución eléctrica, abriendo el mercado a mayor participación privada e incorporando nuevas tecnologías y energías renovables. Sus impulsores prometen más competitividad y precios bajos. Sus críticos responden que el texto no garantiza esas promesas y sí desmantela el modelo público que ha dado al país electricidad limpia, estable y barata.
Reproduzca la grabación con los argumentos centrales de la oposición al proyecto.
Sofía Guillén (Frente Amplio) · Sobre la Ley de Armonización Eléctrica
Intervención en audio · formato OGG · ~4 min
La diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) envía este mensaje para alertar que el proyecto de privatización del mercado eléctrico está a punto de aprobarse en primer debate y llama a la ciudadanía a movilizarse: «lo que pase con la luz es demasiado importante».
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Resúmenes de la cobertura y los análisis técnicos sobre el proyecto. Cada tarjeta enlaza a la fuente original.
El Frente Amplio y cuatro sindicatos del ICE califican el expediente 23.414 como una «privatización disfrazada de modernización». Advierten alzas en las tarifas —hoy las más bajas de Centroamérica— y riesgos para la estabilidad del servicio. Critican que el nuevo ente ECOSEN costaría unos $100 millones, que los privados podrían exportar energía sin aportar al fondo de subsidios residenciales, y que ceder el control técnico a una entidad de designación política es un riesgo institucional. Citan a Chile, Argentina y México, donde la liberalización trajo concentración empresarial y tarifas más altas.
Leer fuente ↗El proyecto eliminaría los límites a la capacidad instalada privada, permitiendo a empresas nacionales y extranjeras generar y exportar electricidad sin restricciones. Academia, sindicatos y ambientalistas advierten que multiplicaría represas en cuencas ya vulnerables por la escasez de agua, y que parques solares y eólicos competirían con bosques y zonas protegidas. Señalan que el MINAE quedaría como «juez y parte», sin contrapesos regulatorios ni sanciones claras por incumplimientos, y que la exportación comprometería bienes estratégicos para la soberanía energética futura del país.
Leer fuente ↗La iniciativa que modernizaría la participación privada en el mercado eléctrico avanzó un paso clave: la comisión legislativa dictaminó el expediente 23.414, habilitándolo para su discusión en el Plenario. El texto busca abrir la generación, comercialización y exportación de electricidad a actores privados e incorporar nuevas tecnologías y renovables. Sus impulsores lo presentan como una modernización necesaria para aumentar la competitividad y atraer inversión, mientras la oposición legislativa y los sindicatos insisten en que el avance ignora las advertencias técnicas sobre tarifas y control nacional.
Leer fuente ↗El presidente Rodrigo Chaves pidió a las y los diputados aprobar el expediente 23.414 de apertura del mercado eléctrico. El ministro Franz Tattenbach sostuvo que la ley fortalecería al ICE y permitiría atraer nuevas fuentes de energía con mayor rapidez; el gobierno anunció contratos con cinco empresas privadas para 86 MW solares en Guanacaste. Chaves afirmó que los precios ya bajan «aún sin la ley». Diputados del Frente Amplio y personas expertas respondieron advirtiendo sobre alzas tarifarias, riesgos para el abastecimiento nacional y la eventual desaparición del ICE como institución pública.
Leer fuente ↗La Cámara de Industrias de Costa Rica respalda la Ley de Armonización del Sector Eléctrico como herramienta para mejorar la competitividad energética. Según la Cámara, los objetivos son reducir el gasto en tarifas, asegurar un suministro confiable, enfrentar los desafíos del cambio climático y planificar la disponibilidad de energía para las industrias actuales y futuras inversiones. Presenta la reforma como una estructura eléctrica más eficiente y sostenible que fortalecería al sector productivo. Es la visión empresarial del proyecto, opuesta a la lectura crítica del Frente Amplio y los sindicatos del ICE.
Leer fuente ↗El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos presentó su criterio técnico sobre el expediente 23.414 ante la Asamblea. Comparte objetivos como modernizar el marco normativo, impulsar renovables y mejorar el acceso a menor costo, pero advierte una falla central: el articulado «no establece los mecanismos para garantizar un menor costo» al usuario final. Permitir la negociación de excedentes no asegura mejores precios ni inversiones. Una comisión multidisciplinaria de ingenieros eléctricos, mecánicos e industriales elaboró el análisis y ofreció apoyo técnico para construir consenso en beneficio de la ciudadanía.
Leer fuente ↗Un informe interno del ICE, presentado a su Junta Directiva, advierte que el expediente 23.414 trasladaría el control del sistema desde una entidad pública hacia una estructura dominada por actores privados, sin reglas claras ni gradualidad. La directiva Ileana Murillo afirmó que el proyecto «deja por fuera los intereses públicos» al regirse por una junta con mayoría de intereses privados, con consecuencias en las tarifas. El documento alerta que el ICE quedaría en desventaja competitiva, perdería su Centro de Control de Energía y se eliminarían los beneficios de exportación que hoy favorecen a los consumidores.
Leer fuente ↗Ficha del expediente 23.414, «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», presentado por el Poder Ejecutivo el 21 de octubre de 2022 y actualmente dictaminado. Se tramita en la Comisión del Sector Energético Nacional y su Vinculación con el Mercado Eléctrico Regional. Busca modernizar la regulación de la generación, comercialización, transmisión y distribución, incorporando nuevas tecnologías y renovables, con el fin declarado de mejorar la productividad energética y garantizar acceso universal. Cuenta con textos sustitutivos y dictámenes de mayoría y minoría (2023), con textos actualizados hasta 2025 y sin votación registrada.
Leer fuente ↗En este artículo de opinión, Gerardo Fumero Paniagua sostiene que el proyecto 23.414 destruiría al ICE y expone tres incongruencias. Primero, traslada la planificación del sistema desde el ICE a una nueva entidad, ECOSEN, «creando más burocracia y encareciendo los costos». Segundo, le arrebata al ICE el Centro de Control de Energía —donde ha invertido millones— obligándolo a construir otro. Tercero, impone un canon sobre las redes del ICE para financiar a ECOSEN, sin destinar recursos al mantenimiento de la infraestructura existente. Concluye que se descentraliza la gestión mientras se crean intermediarios que encarecerán el servicio.
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