El 21 de mayo de 2026, la fracción del Frente Amplio y diversas organizaciones sociales —los sindicatos del ICE, la Liga Cívica Nacional y la FECON— ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar el expediente 23.414, mal llamado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico» y que la campaña ha rebautizado como «Ley Apagón». La advertencia central: el proyecto traerá tarifazos y apagones y desmantelará el modelo eléctrico solidario que ha sostenido el país durante más de 70 años.
- Sigrid Segura (diputada, Frente Amplio): el proyecto traslada el «cerebro» del ICE (la DOCSE) a una institución nueva que duplica funciones; aumentaría las tarifas, elevaría el riesgo de apagones y eliminaría el costo variable de generación que hoy reparte a la ciudadanía las ganancias por exportación.
- José María Villalta (jefe de fracción, Frente Amplio): reponer ese «cerebro eléctrico» costaría al ICE más de US$100 millones que saldrían de las tarifas; el sistema de subastas y la fragmentación de la red encarecen el servicio y multiplican la conflictividad ambiental.
- César López (Liga Cívica Nacional): ECOSEN incluiría en su junta a un representante del MINAE y uno de ACOPE (generadores privados), pero a ninguno de los consumidores; se interpela a la jefatura del PLN.
- Alberto Gutiérrez (FECON): las privatizaciones de los años 90 en Centroamérica y el apagón de España son la evidencia; mientras otros países renacionalizan, Costa Rica iría en sentido contrario.
- Sergio Olivares y Gabriela Muñoz (sindicatos del ICE): llaman a las barras de la Asamblea y a la vigilia del martes 26 a las 6:00 p. m. en defensa del ICE.
- Procedimiento: el proyecto está muy avanzado; podría votarse en primer debate la próxima semana y el Frente Amplio anuncia una posible consulta de constitucionalidad.
Transcripción de la conferencia de prensa
Transcripción del video, editada ligeramente para facilitar la lectura. Puede contener imprecisiones, sobre todo en nombres propios y siglas.
[Moderadora] Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa sobre el proyecto 23.414, mal llamado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico» y que nosotros hemos rebautizado, como debe ser, «Ley Apagón». Hoy la sociedad civil, junto con la fracción del Frente Amplio, se une para denunciar este proyecto de ley y para anunciar medidas para enfrentarlo, porque sin lugar a dudas traerá aumentos de tarifa y futuros apagones en nuestro país. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio.
[Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio] Buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, y al pueblo costarricense. Les convocamos a esta conferencia de prensa para pedirles atención urgente al expediente número 23.414, mal llamado «armonización del sistema eléctrico nacional», pero que en realidad es la Ley Apagón. Les convocamos para decirles qué está sucediendo con el sistema eléctrico nacional. Costa Rica tiene una tradición de larga data, de más de 70 años, de cobertura y sostenibilidad eléctrica. En este momento hay un proyecto que está poniendo en riesgo nuestra cobertura eléctrica, nuestra seguridad energética y las tarifas que pagamos todas y todos los costarricenses.
El proyecto traslada el cerebro del Instituto Costarricense de Electricidad, la llamada DOCSE, a una nueva institución que básicamente duplica las funciones que ya hace el ICE. Aquí la pregunta es: si el ICE funciona —si las mismas diputaciones del gobierno hoy mismo lo están diciendo, que el ICE funciona y da resultados—, ¿por qué quieren eliminarlo? Segundo, las tarifas aumentarían y tendríamos un mayor riesgo de apagones: en los países donde el modelo se ha fragmentado o privatizado, han aumentado los apagones. Tenemos un ejemplo cercano en Panamá, y otros en la región e incluso en España. Y tercero, se eliminaría uno de los beneficios del actual sistema: el costo variable de generación, que permite que, cuando el ICE exporta electricidad, esas ganancias se distribuyan a todo el pueblo costarricense en las facturas que ustedes pagan. Si ese modelo se cambia, esas ganancias irían al sector privado.
Quiero pedirles que prestemos especial atención a ese proyecto, que ya está en corriente legislativa. Probablemente se ponga a votación la próxima semana por el estado en el que está. No hay muchísimo que podamos hacer, pero podemos hacer presión para detenerlo, para que las diputaciones aquí presentes y las demás representadas en la Asamblea puedan retrotraerlo. Y un llamado a defender un modelo solidario que ha sostenido a este país en el último siglo: tenemos una cobertura de más del 99% y un 70% de generación renovable. Así que, compañeras y compañeros, y a las familias costarricenses: no dejemos que nos despojen de lo que nos pertenece. Muchísimas gracias.
[Moderadora] Muchísimas gracias, diputada Segura. Le doy la palabra ahora a nuestro jefe de fracción, José María Villalta.
[José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio] Gracias, muy buenas tardes. Quiero ser muy breve. Hay un riesgo muy grande de apagones y de tarifazos eléctricos, por los costos adicionales en la tarifa residencial que implicaría esta ley mal llamada «de armonización». Lo que hace la ley es desmantelar el modelo de generación y transmisión eléctrica del ICE: le quita el departamento más importante, donde está toda la parte de inteligencia y donde se analiza la distribución de electricidad para que Costa Rica sea uno de los países del mundo donde menos apagones hay. Y esto lo traslada a un nuevo ente público. El mismo gobierno que ha dicho que hay demasiadas instituciones crea un nuevo ente burocrático, duplicando recursos. El costo para el ICE va a ser de más de 100 millones de dólares: hay que reponer ese cerebro eléctrico. ¿De dónde va a salir esa plata? De las tarifas que le van a tener que subir a la gente, en un contexto en el que más bien se espera que la electricidad suba por la situación climática, por el fenómeno de El Niño. Es el peor momento para hacer una aventura de este tipo.
Después crea un sistema de subastas eléctricas que, en otros países de América Latina donde se ha aplicado, ha tenido esas dos consecuencias. Hay riesgos de afectación en la red de transmisión, porque al estar fragmentada ya no hay capacidad de ver dónde está el riesgo de que falte la electricidad; y al mismo tiempo, un encarecimiento de las tarifas. Esto tendrá además impactos ambientales muy grandes, porque van a surgir otra vez los especuladores que querrán hacer proyectos hidroeléctricos en cualquier lado, afectando a las comunidades locales que han luchado porque sus ríos sirvan para actividades sostenibles de ecoturismo, multiplicando la conflictividad ambiental. Generan una burocracia innecesaria, porque en la junta directiva de esta nueva entidad van a estar presentes los mismos generadores privados que tienen interés en hacer negocio con la electricidad. Y cambia el modelo: la electricidad ya no será un servicio público, sino algo similar a lo que se inventaron con el FONATEL. ¿Y cómo ha funcionado FONATEL? Ha sido un desastre: hay un montón de plata engavetada que no permite proyectos de desarrollo. Ahora quieren crear una entidad igual, que duplicará lo que el ICE hace bien, encareciendo los costos que pagará el pueblo de Costa Rica para que algunos hagan negocio. Están sacrificando la estabilidad del abastecimiento eléctrico y los bolsillos del pueblo de Costa Rica.
Queremos hacer esta advertencia: el proyecto se va a empezar a discutir a partir de la próxima semana. Tenemos todos los argumentos para demostrar que es un desastre, pero necesitamos que la ciudadanía se informe, porque curiosamente hemos escuchado en los últimos días discursos de los mismos diputados oficialistas que destacan los grandes logros del ICE, del modelo eléctrico, la cobertura y las tarifas que tenemos. Todo eso lo quieren echar por la borda; no hay que permitirlo. Para eso nos acompañan diversas organizaciones que están en esta lucha, a las que les queremos dar la palabra. Muchas gracias.
[Moderadora] Gracias, diputado Villalta. Vamos a darle la palabra a César López, de la Liga Cívica Nacional.
[César López, Liga Cívica Nacional] Un sistema eléctrico es la infraestructura que lleva electricidad a los hogares y a toda la ciudadanía. En Costa Rica, el sistema eléctrico nacional cuenta con una amplia participación del Estado en política energética, planificación, regulación y operación. Esto ha permitido a nuestro sistema desarrollarse en el marco de un modelo netamente costarricense, con el ICE como actor clave para tutelar el interés general plasmado en su ley constitutiva. En el ICE existen tres órganos técnicos especializados, entre los cuales destaca, con importancia neurálgica, la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), encargada de monitorear el sistema, ejecutar la planificación operativa y supervisar a los generadores privados y públicos.
El modelo eléctrico costarricense gestionado por el ICE ha sabido alumbrar al país con universalidad —al llevar el servicio a todos los rincones—, solidaridad, servicio al costo —pues, al no tener el lucro entre sus fines, lo recaudado por facturación se invierte en mantenimiento, mejoras y ampliación—, alta calidad y desarrollo sostenible. Pero este modelo entra en riesgo con el proyecto 23.414, el de los tarifazos y el apagón, que en cualquiera de sus versiones no considera las particularidades únicas del modelo costarricense y rompe la cadena de valor que posibilita la base económica de las inversiones que llevan el servicio eléctrico a todo el territorio nacional.
Ya los diputados se refirieron a cómo se saca la DOCSE y queda un nuevo ente politizado, el ECOSEN. Ese ECOSEN tendría en su junta directiva un representante del MINAE y uno de ACOPE (los generadores privados), pero a ninguno de los consumidores. La libertad de los grandes clientes para escoger su proveedor los estimulará a abandonar pronto el sistema solidario, causando millonarias pérdidas al ICE, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), a las empresas municipales y a las cooperativas de electrificación rural, y se vería amenazada la calidad del servicio. No se vale pedir los votos para gobernar el país e impulsar, entre las primeras leyes, un proyecto del apagón y de los tarifazos; pero tampoco se vale decir que se hará una oposición responsable cuando se está cogobernando con esta receta neoliberal. Por eso le hemos enviado a la jefatura de fracción del Partido Liberación Nacional —y aquí tenemos el recibido— un documento de las organizaciones del movimiento por el derecho a la electricidad, y han pasado los días sin que nos contesten sobre un mamotreto que solo causará estragos en el sistema eléctrico nacional. Muchísimas gracias.
[Moderadora] Muchísimas gracias, César López, de la Liga Cívica Nacional. Le damos la palabra a Alberto Gutiérrez, de la FECON, y recordamos que tenemos poco tiempo por la presencia de las diputaciones.
[Alberto Gutiérrez, FECON] Muy buenas tardes. Algunas de las cosas que se han dicho aquí —aumentos de tarifas y apagones— no es algo que estemos inventando o especulando: ya hay experiencias históricas concretas en muchos países que implementaron este tipo de políticas. Aquí en Centroamérica, el resto de la región privatizó sus industrias eléctricas en los años 90, y las consecuencias son más que evidentes. En Costa Rica no sucedió porque hace 26 años hubo una gran lucha social —la lucha contra el Combo del ICE— que lo impidió; pero ahorita el mismo tema está en juego. Costa Rica, a pesar de ser el país más caro de la región, es el que tiene la tarifa eléctrica más barata, y eso se debe a que es el único país que ha mantenido el sistema eléctrico mayoritariamente no como una mercancía, sino como un derecho.
Hemos visto experiencias desastrosas en otros países, y no solo en Centroamérica. El año pasado hubo un apagón gigantesco en España, resultado de este tipo de formas de organizar los sistemas eléctricos en función de intereses privados. Estamos frente a una situación absurda: mientras otros países discuten la necesidad de reestatizar y volver a nacionalizar el sector eléctrico, en Costa Rica se propone justamente lo contrario, en contra de la evidencia. Costa Rica es un referente a nivel mundial; se está proponiendo destruir lo mejor que tenemos e imitar lo peor que se ha hecho en otros países. Está en juego nada menos que la soberanía energética y eléctrica del país.
Desde el ecologismo nos preocupa que el proyecto fomentaría un extractivismo energético que ya vimos en los años 90, cuando se aprobaron las leyes de cogeneración: provocaron una proliferación de proyectos hidroeléctricos y un impacto irreversible en decenas de ríos y ecosistemas. Decenas de comunidades han defendido sus ríos contra proyectos hidroeléctricos privados, y un proyecto como este nos puede traer nuevamente esos escenarios de conflictividad socioambiental. Instamos a toda la sociedad costarricense a movilizarse en defensa de este patrimonio. En particular, hacemos un llamado a las personas diputadas del Partido Liberación Nacional: no vaya a ser que se encarguen de sepultar la institución que ese mismo partido creó hace más de 70 años. Muchísimas gracias.
[Moderadora] Muchísimas gracias, Alberto Gutiérrez, de FECON. Ahora le damos la palabra a don Sergio Olivares y a Gabriela Muñoz, de los sindicatos del ICE.
[Sergio Olivares, sindicatos del ICE] Buenas tardes a todos. Nos preocupa muchísimo la forma en que se ha venido manejando este proyecto, impulsado por el señor Rodrigo Chaves. Se manejó, primero, con una forma de descrédito a la institución. Ustedes recordarán que se anunciaron apagones y se le metió miedo a la ciudadanía, como es característico de la administración que nos representa actualmente. Eso produjo el despido del entonces gerente de electricidad, que era asesor de Figueres en ese momento. Nos preocupa porque se viene desacreditando al ICE; y luego ese miedo a los apagones no causó el impacto esperado, porque tres días después dijeron que no iban a ocurrir, ya que había habido muchas lluvias y ni siquiera se había llenado el lago de La Sabana. Ese miedo siempre ha sido una situación en la que se apela al populismo y a cosas que no son reales.
Hacemos un llamado a la población, porque los únicos afectados por un proyecto de esta índole son las personas más vulnerables del país: las zonas rurales, donde el ICE siempre ha llegado con su cobertura total; las zonas indígenas, también cubiertas, con una matriz amigable con el ambiente y a precios solidarios, que es lo que se busca eliminar. ¿Y por qué se busca eliminar? Posiblemente, para pagarle a quienes financiaron las campañas políticas anteriores. Nos parece irresponsable hacerle creer a la población que se es enemigo, por ejemplo, del Partido Liberación Nacional —que en su momento tuvo la mayor cantidad de cogeneradores eléctricos, donde el ICE tenía que botar el agua para poder pagarles esa distribución—, cuando ahora resulta que no son tan enemigos, porque están haciendo una ley de armonización que calza exactamente con las necesidades de ese sector. Esperamos que la fracción que creó el ICE respete y se logre dar un no a este nefasto proyecto, que viene a afectar a toda la ciudadanía costarricense y, sobre todo, a las nuevas generaciones. Si esto pasa, van a ver apagones de verdad, como en otros países, donde estar sin electricidad es algo cotidiano por el alto costo de la privatización, justo cuando las grandes potencias más bien están volviendo a la nacionalización de la energía. Gracias.
[Moderadora] Muchísimas gracias, don Sergio Olivares. Gabriela Muñoz, también de los sindicatos del ICE, para concluir, y seguimos con preguntas de la prensa.
[Gabriela Muñoz, sindicatos del ICE] Muy buenas tardes. Hoy no podemos guardar silencio ante el proyecto de armonización. ¿Cuál armonización? ¿Qué tiene que ver con la modernización, si lo que quieren es desmantelar una institución como el ICE, creada por y para el pueblo? Lo que se presenta como modernización representa un golpe directo contra la autonomía, la estabilidad y la capacidad operativa del ICE, una institución que ha sido pilar en el desarrollo de Costa Rica. No estamos defendiendo solo a la gente de la ciudad: defendemos un modelo solidario que ha llevado electricidad, telecomunicaciones y progreso a cada rincón del país. Debilitar al ICE es abrir la puerta al deterioro del servicio público, a la pérdida de empleo digno y al encarecimiento de servicios esenciales. Este es el momento de actuar con unidad. La historia nos juzgará por lo que hagamos hoy: si permitimos que este proyecto avance sin resistencia, mañana será demasiado tarde para lamentarnos. Por eso levantamos nuestra voz con firmeza, diciendo no al proyecto de armonización y sí a la defensa del ICE, de los trabajadores y del futuro de Costa Rica. Hacemos un llamado a participar en la vigilia del martes 26 a las seis de la tarde, después de las barras. Por favor, pueblo de Costa Rica, abramos los ojos y defendamos algo que es bienestar para todos. Buenas tardes.
[Moderadora] Muchísimas gracias, doña Gabriela Muñoz y don Sergio Olivares, de los sindicatos del ICE. Abrimos el periodo de preguntas.
[Prensa] Por la situación que se está presentando con Panamá en materia energética, ¿encuentran alguna relación, y lamentan lo que ha mencionado el presidente de ese país?
[José María Villalta] Sí, claro que hay una relación, y tiene que ver con el manejo descuidado de asuntos tan importantes como el servicio eléctrico. El manejo descuidado, chambón y torpe de un servicio público tan importante obviamente tiene ramificaciones internacionales. Costa Rica está conectada a una red eléctrica centroamericana mucho más grande; estamos interconectados, importamos electricidad cuando la necesitamos —por dicha, en pocos momentos— y exportamos cuando hay excedentes de los generadores nacionales. Y eso tiene que manejarse técnicamente: no se puede convertir en una moneda de cambio ni en un botín político para conferencias de prensa. Las relaciones internacionales tienen que manejarse con seriedad, prudencia y mesura; para eso hay profesionales con carrera diplomática. Lo que tendríamos que hacer en Costa Rica es recordar que estos temas no se manejan para obtener «likes» en redes sociales, sino con criterios técnicos. Y eso es también lo que pasa con este proyecto de ley: no han imperado los criterios técnicos, sino el interés de algunos por hacer negocio. Es paradójico, porque quienes van a hacer negocio son los generadores privados vinculados a expresidentes, por ejemplo, del Partido Liberación Nacional. Y es muy curioso que un gobierno como el del Partido Pueblo Soberano, que ha logrado su popularidad a costa de criticar —muchas veces con razón— a esos expresidentes, ahora esté hecho una mancuerna para ver cómo siguen promoviendo el negocio de los generadores privados. Es una muestra de que aquí no están imperando los criterios técnicos, sino otro tipo de intereses.
[Moderadora] Ahora le damos la palabra a Héctor Guzmán, colega de medios internacionales.
[Héctor Guzmán] Gracias. En la línea del colega, para don César: el presidente Mulino acaba de anunciar la suspensión de la venta de electricidad a Costa Rica, y desde la institución se ha dicho que no se le va a comprar, que ya no había contratos firmados y que no se comprará más este año. Mi pregunta concreta es: ¿cuál es el impacto que ustedes vislumbran del cese de esa venta, teniendo en cuenta que el fenómeno de La Niña nos va a afectar?
[César López] Lo primero es clarificar que la Liga Cívica Nacional es un grupo de la sociedad civil, y que a mis lados están los compañeros de los sindicatos propiamente del ICE. Desde la Liga Cívica quisiéramos enfatizar que, si bien ahorita se vive una coyuntura muy específica en estas relaciones bilaterales, no quisiéramos que eso eclipse la gravedad de lo que nos convoca hoy: el proyecto de ley 23.414. Las consecuencias de este mal llamado proyecto de armonización —que, lejos de armonizar, aumenta el marco regulatorio, la burocracia y la inseguridad jurídica— son mucho más graves y permanentes para el pueblo de Costa Rica que cualquier cosa coyuntural que pueda estar pasando entre Costa Rica y Panamá. Y, como dijo el diputado Villalta, eso debe manejarse sin populismos y con el tacto que las relaciones internacionales responsables demandan. Por eso estamos alertando al pueblo de Costa Rica y solicitando que nos acompañen el próximo martes 26 en las barras de la Asamblea Legislativa y, después, en una vigilia en las afueras del edificio del Congreso. Muchas gracias.
[Prensa] Esta pregunta es para el diputado Villalta. Antes se había visto una unificación con Liberación Nacional y otros partidos como un bloque ante el oficialismo. Veo que hay una fragmentación ante este proyecto 23.414, en donde Liberación se estaría uniendo con el oficialismo. ¿Cuál va a ser la estrategia de la fracción del Frente Amplio que se opone a este proyecto? ¿Van a presentar mociones, van a intentar intervenirlo?
[José María Villalta] Dos cosas importantes. La fracción de Liberación Nacional afirma que no ha definido su posición sobre ese proyecto todavía, que lo va a definir la próxima semana. Por eso varios compañeros han hecho el llamado a sus diputadas y diputados para que tomen en cuenta estas preocupaciones. Para nosotros es claro que es un tema importantísimo, en el cual tenemos que tratar de convencer y conformar un bloque de oposición. Nosotros tenemos acuerdos en algunos proyectos y en otros no; es normal en la Asamblea que se den distintas conformaciones de apoyos según la agenda que se discuta. Vamos a ser muy enfáticos convenciendo a las demás fracciones sobre los impactos negativos de este proyecto; esa es la tarea de cualquier diputación seria. Sobre el trámite, el proyecto está en una etapa muy avanzada y no hay posibilidad de hacerle modificaciones, y ese es uno de sus problemas: está tan malo el texto que incluso quienes lo apoyan deberían querer devolverlo para arreglarlo, porque así como está no tiene arreglo. Por eso tratamos de convencer incluso a quienes apoyan la ley de que lo mejor sería dar un paso atrás, devolverlo a comisión o retrotraerlo para corregir los graves errores. Si no lo hacen, probablemente la próxima semana se podría votar en primer debate con los votos del oficialismo; y habrá que seguir insistiendo: podemos hacer una consulta a la Sala Constitucional y presentaremos las propuestas para visibilizar todos los errores que tiene.
[Moderadora] Una última consulta, de Aarón Sequeira, de La Nación, y concluimos.
[Aarón Sequeira, La Nación] Doña Sigrid y don José María, ¿qué aspectos se podrían eventualmente consultar a la Sala Constitucional? ¿Qué ven ustedes, así de bulto, que se pueda decir «esto es inconstitucional»? Y para ir a la Sala, ¿dónde podrían encontrar las firmas, siendo que de Liberación, hace unos minutos, Álvaro Ramírez me dijo que lo verán el lunes?
[Sigrid Segura] Vean, este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. La cantidad de consultas y dudas que tenemos es grandísima. Me genera preocupación, en particular, que están haciendo una duplicación de funciones de las áreas de operación y planificación del Instituto Costarricense de Electricidad, de la DOCSE; no sé cómo se iría a solucionar eso, no tiene respuesta. Hay otras áreas que tienen que ver con los cánones, con la integración de la junta directiva, con la conformación de las instituciones que integrarían el sistema eléctrico. En fin, hay muchísimas dudas. Honestamente, no entiendo cómo esto se puso en discusión, cómo llegó hasta donde llegó; realmente es vergonzoso. Y ustedes se preguntarán: si el proyecto es tan malo, ¿por qué lo impulsan? Hay algunos intereses económicos que podrían verse beneficiados; entre ellos, el Ingenio Taboga, la Azucarera El Viejo, Don Pedro, Río Lajas. Y, sobre el tema de Panamá: ha habido algunos cortes, incluso hace años, que por la naturaleza de nuestro sistema afectaron a Costa Rica, pero aquí se logró solucionarlo en 9 minutos, mientras que en Panamá tardó horas. Tenemos datos para comprobar nuestra eficiencia y seguridad energética. Y hago un llamado a las cooperativas: honestamente, no creo que este proyecto les vaya a beneficiar; ni a ellas, ni a las familias costarricenses en sus bolsillos, ni a la gente trabajadora que necesita electricidad para trabajar.
[José María Villalta] Muy rápidamente: todavía estamos trabajando en los aspectos de constitucionalidad, así que no daré muchos detalles, porque eso lo vamos a presentar cuando se formule la consulta. Pero sí hay aspectos de fondo, de procedimiento, y aspectos que afectan ese servicio público esencial, que es un derecho de la gente. Hay que recordar que la electricidad no es como otras cosas que han privatizado y que consideran un bien prescindible: sin electricidad no hay vida. Es un bien de consumo esencial; es lo que permite que los hogares existan, que se cocinen los alimentos, que se tenga la temperatura adecuada. La familia no puede vivir sin electricidad: es un derecho fundamental, y no lo pueden tratar como una moneda de cambio. Hoy, de hecho, presentamos una consulta de constitucionalidad sobre la ley mal llamada «de alianzas público-privadas» —la nueva ley de concesiones aprobada en primer debate esta semana—, en la que señalamos más de diez inconstitucionalidades que serán conocidas por la Sala Constitucional. Se consiguieron las firmas sin problema, y creo que en este proyecto también las conseguiremos, porque uno no necesita estar en contra de un proyecto para firmar una consulta de este tipo, ya que lo que buscan es aclarar dudas sobre su constitucionalidad. Y en este caso existen muchas. Cuando tengamos una versión redactada, se las haremos llegar.
[Moderadora] Gracias, diputado. Si no hay más preguntas, procedemos al cierre. ¿Unas palabras finales, diputada Segura?
[Sigrid Segura] Ya todo. Muchísimas gracias a ustedes; agradecerles a todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes.