El medio El Observador publicó este 26 de mayo de 2026 una explicación amplia del expediente 23.414, conocido como proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional. La nota ubica el texto como una reforma estructural que la Asamblea Legislativa podría votar en primer debate, con efectos sobre el ICE, el mercado eléctrico, la planificación energética y la participación privada.
Lo que resume la nota
El artículo explica que el proyecto propone pasar de un sistema con fuerte centralidad del ICE a un esquema más abierto, donde actores públicos, privados, cooperativas, municipalidades, comercializadores, agregadores y grandes consumidores podrían participar en un Mercado Eléctrico Nacional (MEN).
Según la publicación, el MEN funcionaría como un mercado mayorista regulado con contratos, subastas, mercado diario de oportunidad y productos asociados a capacidad y servicios auxiliares. Las distribuidoras tendrían que contratar al menos el 90% de su demanda mediante subastas organizadas por el nuevo operador.
La nota también destaca la creación de ECOSEN, una institución autónoma que asumiría funciones que hoy realiza el ICE: operar el sistema en tiempo real, decidir el despacho económico, administrar el mercado, coordinar el despacho nacional y representar al país ante el mercado eléctrico regional.
El papel del ICE
El Observador señala que el proyecto mantiene la transmisión eléctrica como monopolio natural del ICE, pero obliga a dar autonomía funcional al área de transmisión para garantizar trato igualitario a los agentes del mercado.
También explica que algunas plantas existentes del ICE, como Reventazón, Arenal, Cachí, Pirrís, Angostura y las geotérmicas, recibirían reconocimiento tarifario sin competir inicialmente en subastas. Sin embargo, las nuevas plantas que construyan el ICE o las empresas distribuidoras después de la entrada en vigencia de la ley sí tendrían que competir en el nuevo mercado.
Ese punto es importante porque muestra una transición con dos lógicas distintas: se protege parcialmente el parque público existente, pero las inversiones futuras de las empresas públicas entrarían bajo reglas de competencia y riesgo de mercado.
Promesas y advertencias
La nota recoge la posición de quienes impulsan el proyecto: modernizar el sistema, bajar costos, atraer inversión, incorporar nuevas tecnologías y ampliar la capacidad para atender la demanda futura. También incluye la lectura de sectores empresariales y oficialistas que consideran que el modelo actual ya no alcanza para sostener la expansión eléctrica.
Pero el artículo también recoge las críticas. Sindicatos del ICE, Frente Amplio, juventudes partidarias, grupos ambientales y organizaciones territoriales advierten que el proyecto puede fragmentar el sistema, debilitar al ICE, trasladar funciones estratégicas al ECOSEN y aumentar la presión sobre ríos y territorios donde se podrían desarrollar nuevos proyectos hidroeléctricos.
En esa tensión está el centro del debate: no se discute solo si Costa Rica necesita más energía renovable, sino bajo qué reglas, con qué instituciones, con qué control público y con qué garantías para usuarios, comunidades y territorios.
La transición y la votación
El Observador recuerda que la implementación no sería inmediata. El proyecto contempla una transición con plazos para estructura institucional, reglamentos, instrumentos regulatorios y puesta en marcha plena de ECOSEN. Mientras tanto, el ICE seguiría operando el sistema.
La publicación también ubica el momento político: el proyecto llega a votación después de años de trámite, cientos de mociones y un texto sustitutivo asociado al PLN, partido que ahora enfrenta fuertes presiones internas para rechazarlo. Según el artículo, la primera votación podría resolverse con mayoría simple, pero la aprobación final requeriría 38 votos por tratarse de una reforma relacionada con un servicio público fundamental.
Lectura ciudadana
La cobertura de El Observador ayuda a ordenar el debate: el expediente 23.414 no es una reforma menor ni un ajuste técnico aislado. Cambia la arquitectura institucional del sistema eléctrico, redefine el papel del ICE, crea un mercado mayorista, introduce nuevos agentes y traslada funciones operativas a ECOSEN.
Por eso la pregunta de fondo sigue siendo la misma: si el país va a abrir más espacio al mercado eléctrico, ¿cómo se garantiza que la electricidad siga respondiendo al interés público, a la solidaridad tarifaria, a la cobertura nacional y a la seguridad energética?